Agricultores y vecinos de la pedanía de Usanos y Ecologistas en Acción han expresado su preocupación por la construcción de los proyectos fotovoltaicos Oliva en terrenos de muy alta biodiversidad que están cerca de nidos de águila imperial.
Las cinco plantas fotovoltaicas, con una extensión total de 235 hectáreas, se están construyendo en Usanos, dentro del término municipal de Guadalajara, en terrenos con nidos de águila imperial a una distancia de entre uno y dos kilómetros. Se trata de una especie en peligro de extinción en Castilla-La Mancha. También están próximos nidos de águila real, especie catalogada como vulnerable.
Los estudios científicos recomiendan dejar una distancia de seguridad de al menos tres kilómetros con los nidos. Además en la zona hay aves esteparias protegidas como la avutarda, el sisón, la ganga ortega, cernícalos y los aguiluchos cenizo y pálido. Estudios del CSIC confirman que en Usanos existe un grupo reproductor de avutardas y que la calidad del hábitat es elevada, constituyendo un lugar de dispersión, migración y reproducción de la especie en la zona centro.
Los proyectos se aprobaron por el Ministerio de Transición Ecológica, a pesar de que la Junta de Castilla-La Mancha subrayaba en sus informes la elevada sensibilidad ecológica de la zona, y de que la propia Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara ha llegado a proponer la zona como ZEPA para su integración en la red Natura 2000.
Asimismo cabe recordar que, tanto en Usanos como en municipios colindantes, se han desestimado proyectos similares, que distan apenas un kilómetro, por razones medioambientales, por lo que cabe preguntarse por qué el Ministerio ha dado el visto bueno a los proyectos Oliva, cuyo promotor es Solaria.
Estos colectivos advierten que la aprobación de este proyecto podría obedecer a una falta de coherencia en los criterios de evaluación ambiental, y que se podrían haber vulnerado los principios de prevención y precaución que establece la normativa medioambiental. Asimismo, se ha producido una fragmentación artificial del proyecto al dividirlo en cinco plantas para facilitar su aprobación, de manera que el Ministerio no ha tenido en cuenta el impacto acumulativo y sinérgico.
Solicitan a las administraciones competentes
la revisión exhaustiva del expediente, transparencia en los criterios aplicados
y, en su caso, la adopción de medidas cautelares que garanticen la protección
efectiva del entorno natural y el cumplimiento estricto del principio de
legalidad. Demandan la actuación inmediata, con todas las medidas a su alcance,
de la Junta de Castilla-La Mancha y de la Fiscalía de Medio Ambiente para
paralizar las obras, a la vista del evidente daño medioambiental que se está
produciendo.
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