20 de Septiembre de 2021
· Ni en Castilla-La Mancha ni a nivel estatal se han adoptado las medidas adecuadas para evitar que vuelva a producirse un caso similar.· Este tipo de incendios siguen siendo habituales mientras se incentiva la misma política de gestión y se deja de lado la dotación de medios de vigilancia y sanción.
· Ecologistas en Acción espera que la nueva ley de residuos asuma un cambio radical que favorezca la prevención, los controles e inspección de los gestores, extienda la responsabilidad del productor en la gestión de los residuos y que el Gobierno de Castilla-La Mancha asuma sus responsabilidades.
Cinco años después de que se produjera uno de los incendios más graves en una planta de gestión de residuos en Europa, da comienzo el juicio penal en Guadalajara por el incendio de Chiloeches.
En el incendio, que se produjo el 27 de agosto de 2016, ardieron durante varios días más de 20.000 toneladas de residuos que se almacenaban indebidamente en una planta de reciclaje.
El fuego, el humo y las cenizas contaminaron el aire, y pusieron en riesgo la seguridad y la salud de decenas de miles de personas de las localidades aledañas. Los fluidos que salían de la planta acabaron en el río Henares, donde a los pocos días aparecieron peces muertos.
La instrucción del caso ha puesto de manifiesto que no solo el incendio pareció provocado, sino que en la cadena de actuaciones que dio lugar a la aglomeración de residuos quemados había responsabilidades más allá de la de las empresas. La Junta de Castilla-La Mancha, a través de la Viceconsejería de Medio Ambiente, además de las direcciones generales y servicios competentes en materia de residuos y de evaluación ambiental, no había evitado, a pesar de las numerosas denuncias producidas, el gran cúmulo que finalmente ardió. Además, se encontró un vínculo sospechoso entre el entonces viceconsejero y una de las empresas involucradas en el suceso, lo que llevó a la dimisión de Sergio David González.
Ahora toca dilucidar definitivamente los hechos y establecer las responsabilidades penales que pueden tener lugar. Se sientan en el banquillo 18 personas físicas y tres jurídicas. Entre las físicas, seis altos cargos de la administración de Castilla-La Mancha, dos de ellos en ejercicio todavía, un ex alcalde de la localidad y los 11 titulares y gestores de las tres empresas vinculadas a la planta y a la gestión de sus residuos.
El escrito del juzgado de instrucción, apoyado en la gran labor de los investigadores del caso y en el escrito de la fiscalía, pone de manifiesto cómo las empresas Kuk Medioambiente, Grupo Layna y Salmedina son responsables de la gestión ilegal de más de 50.000 toneladas de residuos peligrosos para lucrarse con ello. Esta actividad ilícita se inicia al menos en 2006 y se lleva a cabo ante la inacción, cuando no connivencia, de quienes debieran vigilar tales ilegalidades y los riesgos derivados para la salud y el medio ambiente.
Por esos motivos, se imputan diversos delitos por los que se solicitan graves penas de hasta tres años de cárcel y 13 de inhabilitación a altos cargos de la administración regional. Desde el entonces Viceconsejero de Medio Ambiente, el citado Sergio David González, hasta los tres directores generales, dos de Gobiernos del PSOE y uno del PP, y los dos jefes de servicio que hoy siguen en sus funciones en la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Cabría esperar que, pasados cinco años, se hubieran puesto en práctica ya las medidas adecuadas para evitar que catástrofes así se repitieran, pero no es así. Los incendios en plantas, naves y vertederos de residuos son frecuentes. El último de grandes dimensiones se dio en la misma Castilla-La Mancha, en el vertedero de Almonacid de Marquesado (Cuenca), donde también se almacenaban indebidamente miles de toneladas de residuos que ardían el 26 de junio pasado. La columna de humo era visible desde decenas de kilómetros de distancia.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, lejos de tomar las medidas oportunas para evitar los incendios, oferta continuamente la región como un lugar adecuado para recibir todo tipo de residuos de otras comunidades y países. Por ello han aumentado los incidentes en instalaciones de residuos de todo tipo. Por contra, las medidas de reforma administrativa, legal y económica que era necesario adoptar se postergan. Ni siquiera se ha producido la renovación de una estructura y unos mandos administrativos que se sientan en el banquillo de los acusados y siguen gestionando los mismos expedientes que el juicio analizará. Ni la normativa ni las tasas medioambientales se han adaptado a los tiempos. Asimismo, los mecanismos de control y sancionadores se debilitan constantemente. No hay agentes medioambientales ni técnicos jurídicos suficientes para que se tramiten y cristalicen todas las denuncias que deberían hacerse.
A nivel estatal, la nueva ley de residuos, en tramitación, podría arrojar algo de luz a la lucha contra esta lacra de los incendios de residuos, ya que prevé que la responsabilidad de la gestión recaiga en el productor hasta el final de ciclo de vida del residuo. Actualmente la responsabilidad se extingue cuando se trasladan los residuos a un gestor autorizado, lo que ha favorecido la aparición de gestores de bajo coste, que no gestionaban correctamente los residuos y que propiciaban prácticas fraudulentas en un negocio de miles de millones de euros.
Pero no solo hace falta esa reforma legislativa: es preciso que exista más control y vigilancia, más sanciones y, sobre todo, menos corrupción en las administraciones.
Ecologistas en Acción espera que la resolución del juicio del incendio de Chiloeches sea el punto de inflexión para que en España y en Castilla-La Mancha se empiecen a gestionar debidamente los residuos, empezando por una reducción significativa de los mismos.
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