Nota de prensa 13 de julio 2021
- Ecologistas en Acción y WWF España tratan de evitar que se consolide como precedente el gran paso atrás dado por el Gobierno regional en materia de protección de espacios naturales.
- La norma recurrida busca facilitar la tramitación una infraestructura hidráulica de gran impacto, la conexión Sorbe-Bornova, la recalificación urbanística de más de 1.300 hectáreas y que se utilice el fuego y la maquinaria pesada en la gestión forestal en zonas de máxima protección.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo impulsado por las organizaciones ambientales Ecologistas en Acción y WWF España contra la modificación de la normativa que regula el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.
La norma recurrida formalmente por Ecologistas en Acción de Guadalajara es el Decreto 32/2021 de 6 de abril por el que se modifica el Decreto 215/2010 por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Norte y se inicia el procedimiento para la declaración del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara. El recurso se tramita por procedimiento ordinario en la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del TSJ de Castilla-La Mancha con el número 422/2021.
El texto legal fue objeto de intenso debate en el Consejo Asesor de Medio Ambiente regional, así como de diversas reuniones de las ONG con representantes de la Consejería de Desarrollo Sostenible para intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo este proceso fracasó ante la cerrazón del Gobierno regional que finalmente concretó la aprobación de una norma que supone un recorte sin precedentes en la protección de los espacios naturales castellano-manchegos.
Para Miguel Ángel Hernández, portavoz del área estatal de naturaleza de Ecologistas en Acción “esta modificación normativa nos retrotrae a tiempos que creíamos pasados, es la primera vez que el Gobierno regional de Castilla-La Mancha recorta la protección de un parque natural de forma tan explícita”.
El origen indisimulado de la modificación normativa que desprotege el parque natural es facilitar la conexión de las cuencas de los ríos Sorbe y Bornova entre el Pozo de los Ramos y el embalse de Alcorlo, una infraestructura hidráulica demandada por los regantes y el sector inmobiliario alcarreño y que en 2011 recibió una declaración de impacto ambiental negativa del entonces Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.
Para Alberto Mayor, de Ecologistas en Acción de Guadalajara, “los motivos para desproteger la Sierra Norte no pueden ser más espurios e injustificables, no se puede poner en riesgo un parque natural para satisfacer el desarrollismo insostenible que impulsan los lobbies del regadío y de las inmobiliarias del corredor del Henares”.
Para favorecer el proyecto hidráulico el Gobierno regional modifica el Decreto 215/2010 para permitir los sistemas de interconexión de recursos hídricos, algo terminante prohibido hasta la fecha en un parque donde unos de los principales valores a proteger y recuperar son los ecosistemas fluviales y los caudales ambientales.
Para Alberto Fernández, portavoz del área de aguas de WWF España “resucitar la conexión Sorbe-Bornova va en contra de la planificación hidrológica y de la lógica que debiera defender una consejería que se autodenomina de desarrollo sostenible”.
Una vez puesta en marcha la modificación normativa, el Gobierno regional ha introducido otros dos cambios muy sustanciales en la misma. Por un lado, se han reducido los límites del parque natural en el entorno de 43 núcleos urbanos, de manera que más de 1.300 hectáreas podrán pasar a ser urbanizables.
Por otro, a iniciativa de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, se plantea permitir el uso del fuego y de maquinaria pesada en la gestión forestal de las zonas de máxima reserva del parque, esto es, en la del Pico del Lobo-Cebollera, la del río Pelagallinas y en la del Hayedo de Tejera Negra.
Para Luis Suárez, director del área de conservación de WWF España “nos vemos obligados a acudir a los tribunales para defender la protección de un espacio de gran valor y para que los disfruten las generaciones futuras, no podemos perder más biodiversidad en Castilla-La Mancha”.
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