Ley de Caza de Castilla-La Mancha: graves limitaciones al uso público, pero más subvenciones a la caza

Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha

Nota de prensa, Toledo a 4 de mayo de 2014.

Ley de Caza  de Castilla-La Mancha: graves limitaciones al uso público, pero
más subvenciones a la caza

Ecologistas en Acción ha presentado en un extenso documento 174 alegaciones
al anteproyecto de Ley de Caza de Castilla-La Mancha.

En él se critica que el Gobierno Regional sólo haya tenido oídos para las
demandas del lobby cinegético, el cuál ha visto plasmadas en la norma buena
parte de sus exigencias, entre ellas, más subvenciones, limitaciones que
afectarán a los ciudadanos en el uso público del medio natural y más
posibilidades para cazar de forma intensiva.

Ecologistas en Acción ha puesto por escrito lo que no le dejaron expresar en
el Consejo Asesor de Medioambiente y que motivó su abandono de la sesión del
pasado lunes 28 de abril. Su más enérgico rechazo a un anteproyecto de Ley
de Caza que da un giro de 180º a la gestión cinegética, favoreciendo los
privilegios del lobby cinegético en detrimento de los más elementales
principios de sostenibilidad ambiental, bienestar animal y respeto de los
derechos de los no cazadores.

Las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción afectan a la mayor
parte de los 86 artículos y 21 disposiciones de que consta el anteproyecto.
Para la Consejería de Agricultura, impulsora de la mano del lobby cinegético
del cambio legislativo, la caza se debe ver beneficiada de las ayudas
públicas, de una normativa permisiva  y de un menor control administrativo.

Por destacar algunas cuestiones relevantes que se contemplan en la Ley y a
las que se ha alegado desde Ecologistas en Acción citaremos las siguientes:

- Nuevas limitaciones al uso público en los cotos de caza. Uno de los
aspectos más novedosos y de mayor impacto de la Ley es el que atañe al uso
público, el cuál se va a ver gravemente afectado por dos factores, nuevas
prohibiciones  para el resto de ciudadanos y nuevos vallados cinegéticos.

Uno de los puntos donde se ve que el lobby cinegético ha conseguido uno de
sus mayores triunfos frente a los derechos del resto de ciudadanos es en el
artículo 27.m que dice, literalmente, que se prohíbe "Cualquier acción ...
que provoque la huída o altere las querencias naturales [de la caza]...".
Esto implica la prohibición genérica de toda acción en el medio natural, por
fortuita que sea, que espante a una simple perdiz, a un conejo o a un
ciervo. Ante lo cuál el usuario del medio natural se verá expuesto a las
medidas coercitivas que quiera emprender el titular cinegético de los
terrenos o sus guardas. Este apartado recuerda mucho al que trascendió que
reclamaba el sector cinegético durante la elaboración de la Ley de Montes
estatal. Pues bien, ahora se ve reflejado en la Ley de Caza de Castilla-La
Mancha de forma expresa.

Por otra parte, la Ley de Caza crea la figura de los vallados secundarios
que permitirá multiplicar por 2 y hasta por 4 el número de vallas existentes
en la actualidad en las grandes fincas, lo que sin duda mermará la
transitabilidad de las vías públicas.
- Más daños en la biodiversidad y más crueldad con los animales. La nueva
Ley de Caza, además de los cercados cinegéticos que fragmentan los hábitats
de las especies protegidas, impulsa el uso de lazos y trampas contra los
predadores e incluso se permite la caza de especies domésticas como los
gatos y perros si se encuentran en el medio natural. Amplia los cotos de
caza comercial intensiva, ahora denominados cuarteles, no prohíbe ninguna
modalidad actual de caza masiva o cruel, y, además, exime a los titulares
cinegéticos de responsabilidades en determinados casos de aparición de
veneno en los cotos.

- Menores sanciones, controles administrativos y tasas. Por otra parte,
según distintos apartados que recoge la Ley, los titulares de cotos verán
rebajadas las tasas de matriculación de los acotados, no requerirán
autorización previa para determinadas actuaciones y verán rebajadas las
sanciones al 50% respecto de lo establecido en la ley anterior, que data de
1993. Así, por ejemplo, las infracciones muy graves pasan de implicar una
multa de 6.000 a 60.000 euros a ser de 3.000 a 30.000 euros.

- Ayudas públicas a la caza. Para rematar esta Ley, el Gobierno se permite
primar económicamente la caza justo en el momento en el que las ayudas
sociales y medioambientales están en mínimos. Así, según el artículo 40.3 la
Consejería de Agricultura prevé "de acuerdo con su dotación presupuestaria
en materia de subvenciones,..., los fondos que estime oportunos para llevar
a cabo medias de fomento destinadas a titulares cinegéticos".

En suma, la Ley de caza es, no sólo antiambiental, es también antisocial y
debe ser reformada profundamente. Por ello, Ecologistas en Acción anima a
todos los colectivos y ciudadanos que se puedan ver afectados por la Ley de
Caza a seguir presentando alegaciones y quejas ante la Consejería de
Agricultura ya que no es de recibo que un sector tan determinado se pueda
ver beneficiado de forma tan flagrante por un Gobierno que debiera servir al
interés general.