sábado, 11 de febrero de 2012

Demencial e ilegal plan contra el conejo en Castilla-La Mancha

Demencial e ilegal plan contra el conejo en Castilla-La Mancha
La Consejería de Agricultura muestra su ignorancia sobre la verdadera problemática del conejo y sobre las condiciones legales sobre las que se puede establecer el control de sus poblaciones.
Los ecologistas recurrirán a los tribunales y denunciarán ante la Guardia Civil y ante los agentes medioambientales a quien vean cazar con escopeta a partir de hoy.
No ha podido ser más desafortunada la decisión del Consejo de Gobierno, inducida por al Consejería de Agricultura, de aprobar un plan de emergencia para hacer frente a la supuesta plaga de conejos que sufre Castilla-La Mancha. Plan que en realidad no parece ser tal, sino que se limita a prorrogar la temporada de caza de esta especie hasta el 15 de marzo.
La Consejería de Agricultura, que es quien ha propuesto el Plan para su aprobación, se ha dejado llevar por las presiones de algunos agricultores y cazadores, y no ha hecho la más mínima valoración técnica y legal de lo que conlleva la medida adoptada, induciendo al Consejo de Gobierno a tomar una decisión irresponsable e ilegal.
Desde el punto de vista técnico, el control de una plaga de conejo exige, primero, que se compruebe que existe un exceso de población, y segundo que se valoren los daños. Eso puede ser cierto en casos de fincas o explotaciones concretas, pero no en la generalidad de comarcas o términos municipales. De ahí que siempre se han atajado este tipo de situaciones mediante permisos especiales debidamente controlados y siempre sin uso de escopeta dado el riesgo que conlleva este medio de caza en ésta época del año.
Otro aspecto técnico que no se ha tenido en cuenta es el impacto sobre otras especies silvestres. La caza, sobre todo con escopeta, es una perturbación insoportable para otras especies que en esta época del año ya están en periodo reproductor. Y, además, es un grave riesgo de accidentes mortales de personas, ya que en esta época del año aumenta la presencia en el campo por todo tipo de motivos; ocio, esparragueros, actividades agrícolas y ganaderas, tránsito por caminos y carreteras.
Ecologistas en Acción también se pregunta si la Consejería y el Consejo de Gobierno se harán responsables de los daños a las personas y al medio ambiente que se produzcan a causa de su inmeditada decisión.
Ecologistas en Acción crítica que se pretenda solventar a tiros un problema mucho más complejo y, sobre todo, que tiene otras alternativas de solución. Por ejemplo, protegiendo los cultivos con mallas conejeras, o con permisos especiales e individualizados para métodos de captura en vivo.
Pero no, la Consejería ha tirado por la calle de en medio, además con manifiesto desprecio de la legalidad vigente. La prórroga de la temporada de caza incumple la Ley de Caza y la Ley de Conservación de la Naturaleza de Castilla- La Mancha, así como normativas nacionales e internacionales, por tres motivos fundamentales.
Primero, no se puede prorrogar la temporada de caza, modificando de facto la orden de vedas vigente, sin convocar a los Consejos de Caza, cosa que no se ha hecho. En este caso, además, no se puede alegar situación de emergencia, pues en estos momentos los presuntos daños están por demostrar y no se observa, ni mucho menos, un problema generalizado.
Segundo, la medida supone una perturbación y una alteración gravísima de las condiciones de reproducción de otras especies silvestres y, en particular, de especies amenazadas de extinción que en esta época empiezan el celo y la crianza.
Por último, la gestión de los problemas por daños se ha de abordar justificadamente explotación por explotación, mediante informes y peritaciones, y no de forma general e indiscriminada.
Por todo ello, Ecologistas en Acción exige a la Junta que reconsidere su decisión y que convoque de inmediato a los Consejos de Caza. Asimismo anuncia que de otro modo no le quedará otro remedio que recurrir la normativa cuando salga publicada en el Diario Oficial, pidiendo su suspensión inmediata. Y que, en todo caso, denunciará ante la Guardia Civil y los agentes medioambientales a los cazadores que vean cazando con escopeta, en especial, si su actividad está poniendo riesgo la seguridad de personas o la tranquilidad de especies protegidas.

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